Al día de hoy, en nuestra región, aún tenemos muchos sectores rurales sin acceso al agua. Algunos, aun cuando tienen ríos y esteros cercanos, no pueden acceder al recurso por no haber disponibilidad de derechos de aprovechamiento. La Constitución actual, consagra como propiedad los derechos de los particulares sobre las aguas, a causa de lo cual son tratados como un bien económico, despreciando el derecho humano esencial que ha llegado a ser reconocido por el Consejo Económico Social y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Asimismo, cabe mencionar que año a año se intensifica la presión sobre los recursos existentes, dado en parte por el consumo de agua de actividades agrícolas e industriales, así como también los loteos masivos que afectan a las localidades rurales, además, acrecentado por la disminución de las precipitaciones producto del cambio climático.

En el debate constitucional de la Convención se deberá tratar esta temática, la cual ha sido abordada ampliamente en niveles académicos, para que considere el agua como un bien esencial para la vida de las personas, y luego el parlamento trabaje en un nuevo Código de Aguas que cambie el actual enfoque mercantilista por una gestión integrada del recurso hídrico, basada en el manejo a nivel de cuencas, en el que todos los actores se sienten a conversar y definir el progreso de los territorios. Esto no significa olvidarnos de las actividades económicas que dan trabajo y prosperidad, si no buscar un desarrollo sustentable que tenga en el centro al individuo, las familias y las comunidades, y a su vez compatibilice los múltiples usos.

Ahora más que nunca, en plena pandemia, todos necesitamos el acceso al agua de forma segura. Establecer un uso prioritario con el derecho para el consumo humano en primer orden es solo un pequeño primer paso, pero uno muy grande para nuestras comunidades que preservan la cultura y costumbres de antaño.